Susan Joyce y Ian Thomson
Introducción
En los años '70, la preocupación por el medio ambiente y las
responsabilidades asociadas con el mismo eran un aspecto nuevo y desconocido
del riesgo corporativo.Actualmente, sin embargo, las inquietudes sociales y
los conflictos que las mismas pueden generar son los que constituyen un nuevo
tipo de riesgo que se expande rápidamente. Aunque no es un fenómeno
nuevo, (la mina de cobre de Bouganville se vió obligada a cerrar en
1988) el riesgo social ha emergido como considerablemente más importante,
y más visible, en los últimos años. El riesgo social es
ahora un aspecto de todas las actividades mineras que necesita ser calculado
en la evaluación del proyecto, y ser manejado durante la vida del mismo.
Mientras que el riesgo social posee un cierto número de aspectos a nivel
corporativo, tales como la imagen de la compañía y las relaciones
con los accionistas, al nivel del proyecto individual su componente primario
es la aceptabilidad social, y el instrumento principal para manejarlo es la
Licencia Social para Operar.
El riesgo social en América Latina
A lo largo de América Latina existen códigos mineros remodernizados y sistemas económicos introducidos durante los últimos diez años que, junto con la nueva legislación de protección al medioambiente, son muy similares a las regulaciones de los países desarrollados. Para las corporaciones, la existencia de estos instrumentos significa que los riesgos de cuestiones ambientales asociadas con el proyecto son conocidos, están legislados, definidos, cuantificados y son, por lo tanto, fáciles de manejar.
Parece irónico que, justo cuando regulaciones comprensivas para el manejo del aspecto ecológico de la actividad minera han surgido a través de América Latina, se multipliquen los desafíos a las actividades mineras. A pesar de las aparentes garantías provistas por estas nuevas reformas legislativas, hoy las comunidades en América Latina se rebelan y rechazan la presencia de las compañías mineras, o la manera en que las mismas se conducen. La viabilidad de los proyectos se ve amenazada porque los mismos son considerados socialmente inaceptables, un fenómeno que llamamos "riesgo social". Estos desafíos no son tanto acerca de la oposición a las actividades mineras en sí como mucha gente piensa. Al contrario, están basados en un creciente deseo por parte de la población local de ejercer, en alguna medida, control sobre su propio futuro, y de participar en el proceso de desarrollo desde los primeros pasos.
La democracia se ha extendido a través de América Latina debido, principalmente, a la incapacidad de las economías nacionalizadas bajo dictaduras militares y populistas y al colapso de los antiguos sistemas políticos. Con la reestructuración económica vino el retorno al proceso democrático en muchos países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Paralelamente, estas nuevas economías nacionales se han visto más y más integradas a los sistemas globales financieros y comerciales, y se han dado cuenta de la importacia de apoyar instituciones políticas y lesgislativas que definan los standards internacionales. Entre las cuestiones que han ganado en importancia están los derechos indígenas y sus derechos territoriales, la participación democrática y en algunos países los derechos humanos en general.
Este proceso de democratización interna le ha dado una voz a los intereses de grupos locales al mismo tiempo que el desarrollo de recursos penetra más agresivamente en áreas nuevas. Paralelamente, esta convergencia ha resultado en desafíos al desarrollo de recusos, que cuestionan quién se beneficiará con el proceso. En un buen número de casos los grupos locales han insistido en que se los beneficie directamente y de manera significativa, ya que tendrán que cargar con el costo de un proyecto que tendrá lugar en su propio "patio trasero".
La globalización de los sistemas de comunicación, especialmente el desarrollo del Internet, ha agregado una dimensión nueva y significativa. Las comunidades en regiones remotas están conectadas con sistemas de información y redes de apoyo alrededor del mundo a través del acceso al Internet. Organizaciones regionales e internacionales se ven envueltas en conflictos locales, apoyando a grupos locales. La cobertura periodística internacional de conflictos locales, junto con campañas de consumidores y accionistas internacionales proveen a las comunidades locales con acceso al poder de la opinión pública internacional y grupos de presión.
Si se consideran los conflictos desde un punto de vista positivo, las comunidades
locales aprovechan los proyectos de desarrollo de recursos como oportunidades
para poner a pueba sus nuevos derechos democráticos. Esto, sin embargo,
está ocurriendo, mayoritariamente, fuera de todo marco de referencia
legislativo definido, un caso que confunde a las compañías considerablemente.
La comprensión de las causas del riesgo social provee una base para
desarrollar estrategias para hacerle frente de manera apropiada.
Causas del riesgo social.
A través del mundo la minería se enfrenta con un ciclo de poca credibilidad y oposición social, ambas derivadas de la percepción general de la minería como negocio sucio. La minería es percibida como inherentemente destructiva, causando daño al medio ambiente y no sin dejar nada positivo detrás de sí cuando finalmente hace las valijas y se va, (algo que ocurre inevitablemente.) La imagen de minas abandonadas, volquetes de colas, montañas de deshechos y comunidades abandonadas tienen una significativa resonancia con el público en general. La minería es también percibida como creadora de riquezas para una elite que vive en ciudades y países alejados del sitio de la mina. La comunidad local corre todos los riesgos sociales y ecológicos y recibe, en el mejor de los casos, un beneficio meramente nominal.
Hacer frente a esta imagen negativa es un camino cuesta arriba para la industria minera porque se vé limitada por ciertas condiciones fundamentales. La más significante es el hecho de que la explotación minera debe tener lugar donde se encuentran los depósitos, y no existe la oportunidad de elegir la locación de una mina basándose en factores sociales, ecológicos, logísticos y económicos óptimos. Como resultado, la compañía que desea explorar o desarrollar un recurso mineral debe llegar a un acuerdo con la gente que vive en el área.
Con este telón de fondo observamos cómo el riesgo social en América Latina ha evolucionado en los tres últimos años. Mientras que cada exploración, desarrollo o proyecto minero posee características propias, hemos identificado cuatro áreas problemáticas que pueden causar un riesgo significativo a las compañías operando en Latinoamérica. Estas son:
-el legado del conflicto-diferencias acerca de la distribución de los beneficios de la minería-inconsistencias legislativas en los procesos de reforma-percepción de falta de legitimidad en las leyes y regulaciones en las que deben apoyarse las compañías extranjeras.
Las compañías pueden desarrollar una mejor comprensión
del riesgo social de un proyecto mediante la indentificación de la relación
de estos cuatro elementos en cualquier proyecto, y así trabajar con
vista a su resolución.
Una historia del conflicto
A través de la región existe una larga historia de grupos, típicamente pueblos indígenas, comunidades rurales y grupos empobrecidos, que han sido sistemáticamente reprimidos, abusados o excluídos por gobiernos controlados por las elites urbanas pudientes. El resultado es un ciclo bien establecido de lucha y conflicto entre diversos grupos sociales, cada uno tratando de definir sus derechos, controlar los recursos y el acceso a las oportunidades en relación a los otros grupos y al estado. Mantener la integridad de lo que queda de los territorios tradicionales, o de tierras ganadas durante las reformas agrarias de los años '50 y '60 son temas centrales para muchas comunidades. En este contexto, los proyectos mineros son percibidos como particularmente amenazantes, y a menudo se transforman en la última escaramuza de una larga batalla.
Con la reciente democratización de muchos países latinoamericanos, el cambio constitucional y la legislación progresiva han creado un marco de referencia para una nueva sociedad. La realidad en muchas de estas democracias emergentes, sin embargo, es que poco se sabe de las reformas fuera de las ciudades, y que la presenca del gobierno central es débil o inexistente en muchas de las áreas donde el desarrollo mineral es más activo. Los gobiernos también son percibidos como corruptos, o considerados como negativos o represivos por sectores significativos de la población, particularmente los pueblos indígenas. Una consecuencia de la distancia entre la comunidad local y el gobierno central, es que el rol de facilitador y mediador del estado moderno y regulatorio, que se toma por descontado en países desarrollados, simplemente no puede existir.
Muy frecuentemente las compañías asumen que sus cuestiones son el foco central de todo conflicto, porque son las que traen el cambio y un nuevo bienestar económico. Más a menudo, sin embargo, el contexto en que una compañía está operando ha sido precondicionado. La situación puede ser una de conflictos históricos de largo plazo en la cual la compañía puede tansformarse en una pieza de juego en un nuevo nivel de un viejo conflicto. Alternativamente, la compañía se encuentra en un ambiente de conflicto creado por las recientes actividades anteriores de otras compañías.
En Ecuador, la relativa inmadurez del sector minero podría sugerir que las comunidades no deberían tener actitudes pre-determinadas hacia las actividades de explotación. La exploración y explotación de los recursos petrolíferos y gaseosos del país durante los últimos cuarenta años, sin embargo, han sido un proceso altamente conflictivo, particularmente para los grupos indígenas en la zona amazónica ecuatoriana. La oposición al desarrollo petrolífero en el Noroeste del país, y los impactos sociales y ecológicos asociados con el mismo, han sido parte de la experiencia colectiva de los movimientos ecológicos e indígenas ecuatorianos. La comprensión de este antecedente provee una lista específica de reglas que pueden asistir y guiar a una compañía a través de las vicisitudes de las relaciones con una comunidad en Ecuador. Si desatendidas, acciones relativamente pequeñas, o la total inacción por parte de la compañía, pueden resultar en una reacción significativamente negativa de la población local.
De manera similar, numerosas comunidades en el Sur de Perú y Bolivia
se oponen a todo tipo de explotación minera a razón de la visible
contaminación que los rodea, el legado de cuatrocientos años
de minería y la transferencia de riquezas fuera de su tierra. Estas
comunidades han sobrevivido los gobiernos Inca, español colonial, republicano
y dictatorial, resistiendo al cambio y defendiendo su tierra y su cultura.
Históricamente, las actividades mineras no las han provisto con un futuro
mejor, por lo tanto proponer que la minería moderna tendrá resultados
diferentes requiere una fé a ciegas considerable. El resultado es la
posibilidad de un conflicto debido a la presencia de una exploración
o una compañía minera no deseadas y, mayoritariamente, la cuestión
de quién controla el acceso a los recursos naturales y los beneficios
resultantes de la explotación de los mismos.
Distribución de beneficios
Actualmente numerosas comunidades y regiones en América Latina consideran a la minería como una oportunidad de crecimiento y desarrollo, un proceso que generalmente pasa de largo a las áreas rurales. Incluso aquéllos que se oponen a la minería lo hacen no porque rechacen a la actividad en sí, sino porque tradicionalmente se han visto excluídos de los beneficios de la misma. Junto con la participación, que les permite un cierto grado de control acerca de cómo afectará sus vidas el proceso de desarrollo, las comunidades están luchando para retener los beneficios monetarios.Toda discusión acerca de la distribución de los beneficios de la minería incluye inmediatamente la cuestión de títulos divididos, un concepto bien entendido dentro de la industria minera pero frecuentemente incompatible con la manera en que los habitantes locales ven la tierra en la que viven. La norma en América Latina es que los recursos minerales subterráneos son patrimonio del Estado, mientras que la superficie es propiedad de individuos, comunidades, corporaciones, o de la nación. El derecho a explorar y desarrollar un recurso mineral está garantizado por el Estado, que deja que la compañía llegue a un acuerdo separado con el dueño de la superficie. Esto tiende a divorciar a la compañía de toda responsabilidad para con los dueños de la superficie más allá de una compensación a precio de mercado. Compañías norteamericanas acostumbradas a hacer negocios de acuerdo a las reglas del juego pueden sentir que hasta este punto han cumplido con todas sus obligaciones, con oportunidades adicionales para la población provistas en forma de empleo. Las expectativas de estas corporaciones es que el gobierno será el único responsable por asegurar que los beneficios sociales y económicos volverán a la comunidad. En realidad, los gobiernos latinoamericanos carecen frecuentemente de mecanismos efectivos (o de la voluntad) de redistribuir la riqueza en el área donde fue creada. El resultado es tensión social sobre la distribución de beneficios.
Pueden existir también tensiones de origen político que terminan siendo parte de la ecuación. En Argentina, por ejemplo, ha existido un largo conflicto entre la provincia de Catamarca y el gobierno central acerca del derecho de la provincia a recolectar regalías, y acerca del porcentaje de las mismas que esperan recibir. Bolivia, en comparación, ha efectivamente reestructurado y decentralizado la distribución de regalías a los gobiernos departamentales, luego de un encarnizado debate político acerca del mecanismo de distribución y de la suma, en el cual un departamento exigió un 20 % directo de todas las regalías provenientes de la minería. Sin embargo el modelo boliviano no es totalmente efectivo, ya que dirige las ganancias directas a nivel departamental y no puede garantizar que la riqueza generada por la minería regrese a la comunidad en cuyo suelo tuvo lugar la explotación. Honduras también tiene instrumentos legislativos designados a dirigir regalías mineras de vuelta a la región en que fueron generadas.
El código de impuestos se usa también en algunos países. Perú, por ejemplo, posee un mecanismo para dirigir impuestos específicos a la región de origen. Sin embargo, el sistema carece de transparencia y recientemente el gobierno central, a través de un Decreto Presidencial, ha suspendido la transferencia de fondos a provincias tales como Cajamarca, donde se genera una considerable riqueza a través de la minería. En Bolivia existe la provisión para que la compañía invierta en proyectos conjuntos de desarrollo comunitario y reciba una deducción en sus impuestos similar a la suma invertida. El programa, sin embargo, es totalmente voluntario. Finalmente Colombia insiste en que la compañía debe tener un plan de inversión en proyectos de desarrollo comunitarios que es parte del proceso para obtener un permiso. No existe, sin embargo, un programa que haga que las compañías cumplan con esta norma.
En los ejemplos descriptos anteriormente, la presión se pone frecuentemente
en la compañía y no en el gobierno, para asegurar que la riqueza
generada por la mina sea invertida en mejorar la vida y el porvenir de la población
local. Sin evidencia de beneficios locales el resentimiento para con el proyecto
minero crece en la comunidad hasta aumentar el riesgo de conflicto sobre la
pérdida de lo que la comunidad considera ser su derecho.
Inconsistencias legislativas
En adición a las incertidumbres legislativas mencionadas anteriormente, en numerosos países latinoamericanos existen significativas inconsistencias entre diversos instrumentos legislativos. Estas se originan en la reforma casi simultánea de diversas áreas legislativas por parte de distintos equipos especializados, cada uno con su propia visión de la futura aplicación de las nuevas leyes. Discrepancias entre el código minero y la descripción de derechos bajo otras leyes, notablemente leyes de reforma agraria y el status de la poblaciones indígenas, son notables en distintos países y son una fuente de riesgo social.
Por ejemplo, el código de minería en Bolivia reglamenta la compra obligatoria de tierra para proyectos mineros, poniendo los derechos de subsuelo por encima de los derechos de superficie. La Ley de Reforma Agraria de 1997 declara que tierras poseídas comunalmente (la designación tradicional de tierras pertenecientes a comunidades indígenas) no pueden ser vendidas o sujetas a una compra obligatoria excepto para un proyecto de importancia nacional. Sin duda una compañía minera internacional no estará dispuesta a hacerle frente al debate político nacional y a la cobertura periodística internacional resultantes de la expropiación de tierras comunales. Una compañía deseosa de obtener el uso de los derechos de superficie comunales debe, por lo tanto, negociar un arreglo equitativo y a largo plazo directamente con los dueños de ese derecho.
Similarmente en Perú la nueva legislación ecológica para el sector minero requiere que una declaración completa del impacto ecológico sea submitida como parte del proceso de autorización para una mina. Sin embargo, el requerimiento de la opinión comunitaria es ambiguo, audiencias públicas tienen lugar en Lima, la capital, y el anuncio de las mismas sólo necesita ser publicado en la gaceta gubernamental. Es posible que un permiso sea otorgado sin que la comunidad participe en ninguna parte del proceso. Desde el punto de vista de la comunidad esta es una situación inaceptable y no logra contribuir a la aceptación social local, y tal secuencia de eventos nunca recibirá una crítica positiva de organizaciones vigilantes o agencias de fondos multilaterales. Así, la compañía hace bien en no sólo consultar extensivamente a la comunidad cuando desarrolla la declaración de impacto ecológico sino también en asegurarse que la comunidad se encuentre bien informada y tenga acceso al proceso de autorización.
El Convenio de Organizaciones Laborales Internacionales 169, que fue implementado
por primera vez en 1989, es un poderoso documento internacional que ha originado
numerosas inconsistencias legislativas y es una fuente de significantes tensiones
sociales en la región. Creado como un instrumento para proteger los
intereses de los grupos indígenas, el Convenio 169 ha sido adoptado
por la mayoría de países latinoamericanos. El convenio establece,
inter alia, que las poblaciones indígenas deben recibir notificación
previa de desarrollos de exploraciones minerales y de recursos, así como
también participar de los beneficios, y recibir compensación
por los impactos negativos de dicho desarrollo. Aún más, las
reglas del Banco Mundial acerca del desarrollo de recursos han adoptado el
lenguaje del Convenio 169 y ampliado su aplicación a todas las comunidades
afectadas. El convenio, con su promesa de beneficios y su aplicación
a todas las comunidades es ampliamente conocido en la región a través
de las acciones de diversas organizaciones no gubernamentales nacionales e
internacionales. En realidad, sin embargo, estas provisiones todavía
aguardan implementación en la mayoría de los países, creando
un escenario de expectativas insatisfechas.
Legitimidad
Desde la perspectiva de la comunidad, hay problemas irresueltos de legitimidad y transparencia en relación con todo el proceso de desarrollo de recursos minerales. En un principio la compañía es percibida como una entidad extranjera, sin derecho a la explotación de recursos nacionales; alternativamente se la vé alineada con un gobierno que carece de legitimidad en áreas rurales, o con una elite urbana que no representa los intereses no urbanos. Bajo estas circunstancias, conflictos surgen rápidamente acerca de la mera presencia de la compañía. Más a menudo, las comunidades no confían en que sus gobiernos cumplan con los requerimentos de protección del medioambiente o distribución de riquezas.
La situación con respecto a las leyes de protección del medioambiente
provee un buen ejemplo, ya que presenta el rol de otros grupos de interés.
En muchos países las comunidades locales no creen que el gobierno se
sienta comprometido a reforzar el código ambiental que proteje sus intereses.
Tampoco creen en las declaraciones de las compañías de que obedecerán
o excederán los requerimentos de las regulaciones. Esto es verdad tanto
en Chile como el Bolivia y Ecuador. A corta distancia están las organizaciones
no gubernamentales ecológicas que creen en las leyes pero que denuncian
la falta de capacidad en varios niveles de gobierno, (más que la falta
de voluntad de los mismos), para cumplir con su función. Mientras que
aceptan que compañías internacionales generalmente operan al
más alto standard, no confían en que las mismas se autorregulen.
En todos estos casos, la falta de credibilidad, un problema de la minería
en general, crea una situación donde la compañía corre
el riesgo de ser desafiada por la mera percepción de que no intenta
cumplir con las leyes.
Una Licencia Social para Operar
La industria minera debe hacer frente al hecho de que en varios países el permiso emitido legalmente por el gobierno para operar o minar no provee la aprobación universal para un proyecto, y que debe buscar modos alternativos de ganar aceptación social para la actividad minera. Nuestra porpuesta es que una licencia social para operar existe cuando una exploración o proyecto minero es percibido como teniendo la aprobación, la amplia aceptación de la sociedad para conducir sus actividades. Esta es una licencia que no puede ser emitida por las autoridades civiles, por estructuras políticas o incluso por el sistema legal. Más importante para el estado de las actuales discusiones dentro de la industria minera, esta licencia no puede ser declarada como un producto de un proceso corporativo interno como por ejemplo una auditoría de prácticas de la compañía. Sólo puede provenir de la aceptación otorgada por los vecinos. Tal aceptación es lograda en numerosos niveles, pero debe comenzar con, y ser firmemente fundada en la aceptación del proyecto de desarrollo de recursos por parte de las comunidades locales.
Nuestro análisis muestra que hay numerosas acciones que una compañía puede emprender para reducir los riesgos sociales asociados con el desarrollo de un proyecto. Hay también fuentes de riesgo social que se encuentran más allá del control de la compañía o de la comunidad local, temas tales como inconsistencias legislativas, credibilidad y legitimidad, y otros grupos de interés que también tienen un rol en otorgar la licencia social para operar. Claramente, muchas de estas cuestiones no se resuelven mediante los esfuerzos de la compañía por sí sola. La compañía debe, por lo tanto, estar dispuesta a operar en diversos niveles y participar en el diálogo con los otros grupos de interés para ayudar a poner el riesgo social bajo control.
Para la compañía la obtención de una licencia social para operar comienza en la fase exploratoria con la llegada de su personal al sitio del proyecto. Las primeras impresiones son duraderas, y la compañía debe reconocer que la opinión de la comunidad se verá condicionada por experiencias previas, conocimiento ganado en otros lugares y el modo de encarar la situación adoptado por la compañía. Los conflictos surgirán rápidamente si no se logra respetar las costumbres locales de uso de la tierra y los sitios religiosos, dar notificación de sus acciones, pagar compensación justa a precio de mercado, etc. Un conocimiento profundo de la comunidad y comunicación permanente son los prerrequisitos de una buena relación.
Durante la exploración, y más tarde durante el desarrollo de la mina, cuando un proyecto es financieramente más vulnerable, el riesgo más grande de conflicto social es probablemente creado por las dispares expectativas que existen entre la compañía y la comunidad. Durante la exploración las expectativas de la compañía son bastante mínimas, ya que la mayoría de los proyectos fracasan. Es relativamente más tarde en la vida de un proyecto explorativo exitoso que la confianza aumenta y la administración considera que gastos no escenciales (no relacionados con la exploración) pueden ser justificados. Las expectativas de la comunidad, sus temores y esperanzas, aparecen relativamente temprano durante la exploración y aumentan dramáticamente apenas aparecen la maquinaria y los taladros. Por lo tanto el manejo de expectativas, mediante respeto y comunicación, es el desafio más crítico de las relaciones con la comunidad durante la exploración.
Cuando el proyecto avanza la compañía debe ser proactiva en establecer una relación directa con la comunidad local basada en respeto, inclusión y consulta. Esta relación, sin embargo, estará sujeta a cambios constantes y requerirá continuas modificaciones. Las relaciones con la comunidad deben basarse en un real entendimiento de la misma. Un perfil social o asesoramiento del riesgo son necesarios para asegurar el conocimiento de las sensibilidades locales. Las expectativas deben ser manejadas proactivamente y la compañía debe cumplir con todos y cada uno de los compromisos hechos con la comunidad. Se requiere una estrategia de relaciones con la comunidad que sea culturalmente sensitiva, relevante para con la comunidad y de acuerdo con la escala e intensidad de la operación.
Durante la fase operacional la compañía necesita asegurarse de que la ganacias resultantes de la explotación minera lleguen por cierto a las comunidades locales. Dadas las realidades de América Latina, esto significa un cierto nivel de inversión corporativa local que idealmente se logra a través de un proceso de consulta e implementación compartida. Los proyectos deben integrarse con la infraestructura existente, responder a necesidades de la comunidad, y ser capaces de continuar funcionando sin la presencia de la compañía. La imposibilidad de observar estas simples reglas hace que se corra el riesgo de establecer la relación entre patrón y empleado tan común en América Latina. Este paternalismo da origen a dependencia e indiferencia a las ganancias recibidas, y lleva con el tiempo al resentimiento de la comunidad y aumenta el riesgo de conflicto social. Aplicado apropiadamente, un programa de relaciones con la comunidad y la inversión en el desarrollo de la misma puede crear una situación de verdadera sostenibilidad, tal como ocurre alrededor de la mina de Yanacocha operada por Newmont Gold en el Norte del Perú.
Inconsistencias legislativas y códigos económicos y mineros que contradicen las leyes de reforma social requieren atención urgente y cuidadosa ya que ponen en desventaja tanto a la compañía como a la comunidad. Resolver estos problemas es complejo y requiere probablemente los esfuerzos coordinados del gobierno y de organizaciones internacionales tales como el Banco Mundial, actuando en recomendaciones provenientes tanto de la industria minera como de las organizaciones no gubernamentales que representan los intereses de las comunidades. Mientras tanto las compañías deben conducir un cuidadoso análisis de los riesgos creados al nivel gubernamental y desarrollar estrategias que hagan frente a esas situaciones país por país.
La falta de capacidad de los gobiernos para funcionar como entes regulatorios del sector de recursos de acuerdo con la legislación es una cuestión muy importante en toda América Latina. Respondiendo a la situación, las compañías pueden contribuir a incrementar la capacidad de los gobiernos locales mediante la ampliación de programas de entrenamiento para incluir reguladores (frecuentemente en calidad de "observadores", para que su capacidad no parezca ser cuestionada) y trabajando con las distintas agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales dedicadas a reforzar la capacidad institucional. El proceso puede ser facilitado por la compañía si la misma ofrece su propia experiencia de gerenciamiento, provee los fondos para obtener más asistencia o facilita contratos intergubernamentales.
Hay una necesidad particular para que la compañía entre en el diálogo con las organizaciones no gubernamentales. Asistencia, desarrollo, educación, salud, derechos, justicia social y el medioambiente están bajo la protección de esas organizaciones. Si la compañía no incluye a estas organizaciones es percibida como descuidada e irresponsable, invitando el desafío si no la oposición. La cooperación, e incluso la asociación con las organizaciones no gubernamentales, aparecen más frecuentemente, particularmente en el área de desarrollo de la comunidad. Emerge un nuevo modelo de interacción, uno de "compromiso constructivo" en el cual distintas facciones trabajan en común para alcanzar logros mutuos. Organizaciones no gubernamentales y organizaciones basadas en la comunidad tienen experiencia genuina y recursos locales que pueden optimizar la efectividad de la inversión en programas de desarrollo social y económico apoyados por la compañía. Las organizaciones no gubernamentales se han visto transformadas en la pieza fundamental para mejorar cuestiones de legitimidad, transparencia y credibilidad. Verificación externa de las actividades de la compañía por estas organizaciones y la subsiguiente demanda de cumplimiento con standards sociales, económicos y ambientales son frecuentemente una parte escencial en la obtención de una licencia social para operar.
Es aparente que el riesgo social ha emergido como el desafío más significante que la industria minera enfrenta en el nuevo milenio y que debe ser resuelto constructivamente. En este contexto, es razonable considerar la necesidad de un standard para la industria en cuestiones sociales, un tema delicado y aún en evolución. Grupos de la industria en Canadá y Australia se encuentran actualmente discutiendo la formulación de un lenguaje para un código de práctica de la industria, y el Consejo Internacional de Metales y Medio Ambiente está también desarrollando documentación para un posible código. Nuestro argumento es que la industria debe adoptar un rol más abierto y proactivo en este proceso ya que es escencial tener standards aplicables y expectativas para la actuación de la industria. También sugerimos que para aumentar la credibilidad de la industria es necesario buscar un tercer partido que critique y evalúe no sólo el lenguaje adoptado sino también la implementación y cumplimiento de las reglas. Este mecanismo podría formar parte de la confirmación de la licencia social para operar a niveles de proyecto nacional e internacional.
Finalmente, creemos que la licencia social para operar es una unidad fundamental para aumentar lo que Dave Barker de Newmont Gold llama "capital de reputación". Esta es una poderosa estrategia de administración de empresas basada en el reconocimiento de que lo que una compañía hace en una locación y con un grupo de interés contribuye a la reputación de la compañía en el mundo entero. En realidad, la licencia social obtenida al nivel del proyecto aumenta el valor del nivel corporativo: también se transforma en una ventaja competitiva. El capital de reputación abre puertas: es un puente de comunicación que predispone a las organizaciones no gubernamentales, comunidades y otros grupos a entrar en discusiones abiertas en vez de causar una oposición hostil. El capital de reputación trae consigo credibilidad, tanta que los gastos iniciales y el riesgo asociado con ganar la aceptación social se ven reducidos. Las compañías con una probada capacidad y compromiso para obtener una Licencia Social para Operar serán, en el futuro, los exploradores y constructores preferidos, con acceso a futuras áreas y proyectos.
Para más información vea Socialicense.com.